Ante la aprobación por parte del Congreso de Nuevo León de la «objeción de conciencia», para que los médicos puedan decidir si atienden o no a pacientes que pongan en jaque sus valores morales y éticos, el secretario de gobierno del Estado, Manuel González anunció que vetarán esta nueva legislación.
En un comunicado publicado, el funcionario explicó que:
«Informo a ustedes que el Gobierno del Estado vetará la iniciativa. Los médicos deben atender a toda la ciudadanía, sea esta cual fuese. «
La reforma aprobada fue a la Ley Estatal de Salud en el artículo 48, el cual dicta ahora: «El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Estatal de Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establezca la ley».
Este medida discriminatoria atenta contra el derecho a la salud de poblaciones vulnerables como personas lgbti, personas con vih, indígenas, migrantes, y mujeres.
“No tengo ningún pronunciamiento sobre ellos (legisladores locales) (…) la posición del Gobierno es antidiscriminatoria, nosotros garantizaremos en todo momento el que todo mundo tenga acceso a la salud sin ninguna discriminación”, se pronunció el secretario.
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La iniciativa está fundamentada en el derecho a libertad de credo, según la exposición de motivos que redactó el legislador con licencia, Juan Carlos Leal Segovia, en el artículo 24 de la Constitución Mexicana, el cual también habla de la libertad de la práctica de credo, ya que dicta que “Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente (…)”
Las organizaciones civiles también se han pronunciado en contra de esta reforma por su carácter discriminatorio al no tomar en cuenta los alcances que puede llegar a tener dicho recurso.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) también afirmó su posición en contra de la nueva ley y exhortaron a las autoridades de dicho estado a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas.
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