Desde 2019, San Luis Potosí es de los pocos estados en la República Mexicana donde la Comunidad Trans mayor de edad puede actualizar su acta de nacimiento acorde a su identidad de género de manera sencilla…hasta ahora.
En una discusión de tan sólo 15 minutos, con 12 votos a favor, una abstención y 7 en contra, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó, durante la Sesión Extraordinaria el pasado 30 de julio de 2020, una reforma al artículo 19.3 del Código Civil local el cual permitirá la actualización del acta de nacimiento para personas trans siempre y cuando puedan comprobarla a través de diagnósticos psicológicos, cirugías quirúrgicas o terapias.
Foto: Congreso del Estado de San Luis Potosí 
Foto: Congreso del Estado de San Luis Potosí
Lo anterior despoja del derecho que tiene cualquier individuo a decidir sobre su identidad y de su cuerpo; en esta reforma se está considerando a la identidad de género como un trastorno mental que tiene que ser validado por personal médico.
El activista por los derechos humanos de la Comunidad LGBT, Juan Pablo Delgado denunció en sus redes sociales esta iniciativa de reforma y explicó que para el cambio de identidad, en dicho estado, sea necesario acreditar intervenciones quirúrgicas, terapias u otro diagnóstico para su reconocimiento es patologizante.
Durante su discusión en las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, Igualdad y Género el entonces proyecto abordó la importancia de los Derechos Humanos para evitar la discriminación en la Comunidad LGBT+ mexicana, cuestión que no fue suficiente para los diputados o no se entendió por completo la contradicción de explicar que si la identidad de género es autopercibida…NO NECESITA VALIDACIÓN MÉDICA.
La activista transfeminista Angie Rueda que considera que esta ley es regresiva:
«Es regresiva porque obliga a la legitimar el requerimiento de una medicalización para las personas Trans, la cual borra todo el avance médico, psicológico y civil por el cual se luchó toda la década pasada», puntualizó.
Igualmente recuerda que fue la Suprema Corte de Justicia que emitió una resolución en la cual establece que es violatorio a los derechos humanos el que no se reconozca la Identidad de Género de la población mexicana, aunque no es mandatoria, marca un estatuto para la Comunidad Trans.
Por último la activista externó su preocupación ante la modificación de esta ley, la cual está «revestida de una aparente aceptación» gracias a los partidos de derecha, que específicamente en el norte del país, han impedido que los sectores vulnerables accedan a sus derechos humanos más básicos, como son el matrimonio igualitario, el reconocimiento de las infancias trans, la interrupción legal del embarazo y más recientemente la creación del pin parental.
El decreto aprobado pasó a manos del ejecutivo del estado para su publicación o veto, para lo cual no existe un tiempo determinado de resolución.
