La Cámara de Diputados votó a favor de la Ley General de Operación de los Registros Civiles. Dicha propuesta abriría el reconocimiento de la identidad de género a las personas trans en todo México.
La ley determinaría que los datos de identidad son:
- Nombre o nombres
- Apellido o apellidos,
- Sexo y género en los términos y variantes que establezca el Consejo
- Lugar y fecha de nacimiento
- Nacionalidad o nacionalidades,
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Datos biométricos en los términos que establezca la Ley General de Población.
Además, en su artículo 58 señala que la rectificación administrativa aplicará para los datos de registro de las personas que quieran actualizar su nombre, apellidos, sexo, género, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad y filiación.
Como resultado de dicha rectificación no se expedirá una nueva acta de nacimiento si no que se rectificará la acta que ya existía y se se emitirá un nuevo documento con el dato rectificado, incluido el CURP que le corresponda.
De acuerdo con la Asociación Infancias Trans este artículo permitiría que cualquier persona trans, ya sean infantes o mayores de edad, puedan actualizar su acta de nacimiento conforme a su identidad de género.
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Hasta 2023, en el país sólo 20 estados permiten la actualización de actas de nacimiento para personas trans. De ellos solo Hidalgo reconoce a las identidades no binarias.
Asimismo, tres reconocen a las adolescencias trans, y sólo o Jalisco y Sinaloa permiten la actualización de actas de nacimiento sin límite de edad.
Dicho trámite podría ser una realidad en todo México ya que la ley propuesta señala la homologación del Registro Civil a partir de la creación de Oficialías en cada entidad.
El nuevo sistema de registro civil estaría a cargo de la Secretaría de Gobernación, quién diseñaría y administraría el conocido Sistema Nacional de Registro de Identidad.
Diversos activistas y grupos en favor de el cuidado de los datos personales han alarmado que sea la secretaría de gobernación quién resguardará los datos biométricos de los ciudadanos, ya que la ley no cuenta con un capítulo que garantice cómo será el resguardo de dicha información.
Y todo esto en un contexto en el que se ha dado a conocer que el Gobierno de México realiza operaciones de «inteligencia», es decir espionaje, contra determinados grupos como lo son activistas y periodistas.
La propuesta paso a la Cámara de Senadores para su análisis y aprobación.