La persistencia de la discriminación contra personas LGBT+, así como mujeres, personas afrodescendientes e indígenas, niñxs y adolescentes, y defensoras de derechos humanos, fue identificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como una problemática en tendencia que impide el acceso a los derechos humanos.
Asimismo, observó la prevalencia de actos de violencia, incluyendo crímenes de odio contra personas LGBT+, debido a su orientación sexual, expresión y/o identidad de género o sus características sexuales.
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A través de su Informe Anual 2019, la CIDH señaló que los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) no aplican de forma completa las obligaciones contraídas por los estándares en materia de igualdad y no discriminación.
Para ejemplo Brasil, donde se han dado avances en favor de la comunidad LGBT+, como el fallo del Supremo Tribunal Federal que ordena juzgar los actos de homofobia y transfobia en el marco de la ley que criminaliza el racismo, también mantiene prevalencia a los asesinatos de mujeres trans.
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Países como Antigua y Barbuda, Barbados, Granada, Jamaica, Saint Kittsy Nevis, San Vincente y las Granadinas y Santa Lucía, aún conservan las leyes que criminalizan a las personas lgbt, con cárcel o penas de tortura y muerte.
También se ha reportado la perpetuación de actos de violencia cometidos contra activistas y defensoras de los derechos de las personas LGBT+, en Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Dominica, Haití, y Paraguay.
Mientras naciones como Honduras, Perú, Trinidad y Tobago, generan avances institucionales aislados mas continúan estigmatizando y normalizando las agresiones a las personas de la diversidad sexual.
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Uruguay fue reconocido por ser el país más sólido en la protección y garantía de los derechos humanos en la región. La CIDH tomó en consideración el resultado del pre-referéndum sobre la revocación de la Ley Trans, resultado en que la población protegió los derechos de las personas trans y no binarias.
La Comisión consideró que la discriminación histórica contra las personas LGBT obliga a los Estados a ser particularmente vigilantes con el fin de adoptar medidas que aseguren la interrupción de los ciclos de violencia, exclusión y estigma.