La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la discriminación (Conapred) invitó al Congreso de Morelos, a reconocer el derecho de actualización de identidad para las personas trans por la vía administrativa, en apego a lo que dicta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), al respecto.
En una carta dirigida al Congreso de Morelos, luego que éste congelara las iniciativas de reforma al Código Familiar y El Código Familiar Procesal, la Conapred explicó que al SCJN reconoció la obligación del Estado de regular y establecer los procedimientos pertinentes para la adecuación de la identidad de género en los registros y documentos de identidad.
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Además que estos procedimientos deben llevarse desde la vía administrativa y cumplir con:
- Un enfoque de adecuación integral, es decir que todos los componentes de la identidad de género autopercibida sean modificados en los documentos de identidad y registros correspondientes.
- Basarse en el consentimiento libre e informado, sin que se exijan certificaciones médicas, psicológicas y/o psiquiátricas u otros requisitos irrazonables y patologizantes.
- Ser confidencial
- Ser expedito y gratuito
- Sin exigir acreditaciones de cirugías o procedimiento hormonales
Además indican que estos estándares deben ser destinados en la niñez trans, con el agregado de aplicar medidas especiales de protección acordes a los principios de interés superior de la niñez, participación y autonomía progresiva, que ha establecido la CoIDH.

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Ambas Cortes precisaron que la actualización de documentos para que coincida con la identidad de género autopercibida de una persona constituye un derecho protegido tanto por la Convención Americana de los Derechos Humanos, como por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
La Conapred hace el llamado para que el Congreso de Morelos avance en favor del reconocimiento a la identidad, para aquellas personas que libremente manifiestan su identidad de género autopercibida, y que se cumplan con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, como lo dicta el artículo primero de la Constitución Mexicana.

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