Con las Olimpiadas de Tokio 2020 la Comunidad LGBT japonesa ha intensificado sus actividades para ser reconocida en su propio país.
Hace unos días realizaron un rally en el concurrido cruce de Shibuya, con cubrebocas, banderas, música y gritos: «¡Igualdad ahora!», «¡Que sea legal!» y «¡Ley de Igualdad durante el Parlamento actual!» para exigir que la ley sea descongelada en el congreso.
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“No nos vamos a rendir todavía (…) Si se elimina la legislación, es posible que se sigan ignorando las vidas y la dignidad de las minorías sexuales. Queremos que se escuche cada una de nuestras voces», dijo Soshi Matsuoka, un escritor y activista abiertamente gay, para AP.
«Promulgar una ley es un primer paso crucial para proteger los derechos y las vidas de las minorías sexuales que aún sufren discriminación», explicó Gon Matsunaka, quien dirige Pride House Tokyo,
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¿Qué es la Ley de Igualdad?
Es Una iniciativa de ley que prohíbe el trato discriminatorio con respecto a las personas lgbt+ japonesas tanto a nivel laboral, escolar, de salud y todos los ambientes de la vida diaria, tanto en el sector gubernamental y el empresarial.
Como ejemplo, diversas organizaciones han expuesto que las personas lgbt+ japonesas no tienen ninguna ley para quejarse por despido injusto, transferencia o recomendación de jubilación forzada debido a la sexualidad, y no tiene más remedio que quedarse sumisa.
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Hace un año la representante de LGBT Law Association, Yuri Igarashi, señaló en rueda de prensa que:
«La Ley de Igualdad LGBT es necesaria para garantizar que los deportes se puedan practicar con tranquilidad en Japón sin discriminación, y también es responsabilidad del país anfitrión (…) Queremos promulgar legislación como un legado de los Juegos Olímpicos de Tokio para proteger la dignidad y la igualdad de todos, minorías sexuales y minorías no sexuales»
Japón ocupa el penúltimo lugar en una clasificación de leyes sobre inclusividad de la diversidad sexual para 35 países desarrollados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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Fuente: AP