Criminalizar el aborto (voluntario e involuntario) en todo México ya es inconstitucional. Así lo dictaminó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un fallo unánime histórico:
“Hoy es un día histórico para todas las mujeres mexicanas y las personas gestantes. A partir de hoy es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables”
expresó el magistrado Arturo Zaldívar después de que anunciada la resolución.
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Durante la votación, no sólo se hizo mención a la mujeres sino también a las personas gestantes, quienes aún son perseguidas y castigadas por decidir sobre su cuerpo, en diversos estados de la República.
Por primera vez, la máxima instancia judicial mencionó a la Comunidad Trans No Binaria en sus resoluciones. Esto abrió la puerta a que en próximas leyes se pueda incluir a las identidades trans mexicanas, quienes son doblemente perseguidas e invisibilizadas.
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Esta decisión permite el aborto legal en el estado de Coahuila, ya que se invalidó el artículo 196 de su Código Penal que castigaba con prisión el aborto voluntario y los siguientes artículos:
- Fracción del artículo 198 que impedía a una mujer ser asistida por personal de salud en el procedimiento.
- El artículo 199, que limitaba a las primeras 12 semanas de gestación el plazo para que una víctima de violación pudiera abortar.
- También se invalidó el 224 fracción II, que establecía una penalidad menor al delito de violación, cuando el responsable era el esposo de la víctima.
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Lo anterior no legaliza de manera automática el aborto en México, se usará como amparo y defensa ante leyes o vacíos legales estatales, que contemplen penas de cárcel y otras sanciones penales por interrupción del embarazo.
“Además del estigma, la impotencia y el abandono, ¿enfrentar una sanción penal? ¿Y se hace esto en nombre de la vida? Eso sin contar que también lleva implícita una idea de castigo, de una maternidad por castigo, de una maternidad de la que todos pueden opinar mientras reprueban a la gestante. Por todas estas reflexiones me inclino a no penalizar la interrupción voluntaria del embarazo», dijo la magistrada Ana Margarita Ríos Farjat.
Con lo anterior mujeres y personas gestantes que han sido arrestadas por haberse realizado un aborto pueden demandar a las autoridades estatales para que le sean retirados los cargos.
Tanto activistas como organizaciones ya están presionando a los estados mexicanos para liberar quienes hayan sido víctimas de estas sanciones penales.
Fuente: lajornada.com.mx