La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación sobre crímenes de odio cometidos contra la población de la diversidad en dicho estado.
La recomendación va dirigida al presidente municipal de Casimiro Castillo, Salvador Durán Núñez, y la titular de la Fiscalía del Estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez.
De acuerdo con la recomendación, los gobiernos municipales carecen de algún programa de prevención, atención y seguimiento a los crímenes de odio lgbt+.
Mientras que en la Fiscalía es inexistente un protocolo integral para la actuación y ejecución ministerial, relativo a las posibles líneas de investigación y a la acreditación de los crímenes de odio.
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Ante estos hechos la Comisión determinó que tanto el municipio como la Fiscalía local atentaron contra los derechos humanos de las víctimas de crímenes de odio, entre los casos tomados en consideración se encuentra el asesinato de Jhonatan Santos, el asesinato de una mujer trans, y otro más de un joven lgbt+.
El municipio deberá realizar la reparación del daño para los familiares de las víctima, ofrecer atención médica y psicológica especializada. Asimismo se pide se elabore un protocolo interno de atención a la población lgbt+ dentro de sus áreas de atención, adecuar sus procedimientos y capacitar al personal en materia de diversidad sexual.
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Por su parte la Fiscalia debe instruir a los Ministerios Públicos integrar todos los elementos de prueba necesarios para acreditar el crimen de odio y la participación de los agresores.
Se instruyó realizar un modelo de certificación de lenguaje incluyente con indicadores de resultados dentro de la institución, y elaborar un protocolo integral en la actuación y ejecución ministerial relativo a las posibles líneas de investigación en la acreditación de los posibles crímenes de odio.
También que se disponga lo necesario para reconocer a las familias sociales de las victimas y su derecho de acceso a la verdad, sobre todo cuando las familias consanguineas se hallen ausentes.
Se recomendó fortalecer y dotar de mayor autonomía a la Coordinación Especializada para la Atención de Delitos por Diversidad Sexual de la Fiscalía del Estado, para conducirla a una Agencia de Investigación y Persecución de Delitos en contra de la población LGBTTTIQ+.
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