La Fiscalía del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) han sido señalados por familiares y colectivos lgbt+ del estado por irregularidades en la investigación del asesinato de Susana Silvestre.

Susana Silvestre fue encontrada sin vida el 10 de octubre del 2020 y su cuerpo fue movilizado de inmediato, el mismo día por el personal de Ciencias Forenses locales.

Familiares de Silvestre declararon que el IJCF por cuatro meses impidió la entrega del cuerpo de Susana, incluso cuando su hermana acudió a las autoridades con fotografías, señas y datos específicos de donde fue encontrado el cuerpo de Susana.

«Nos sentimos indignadas porque la tuvieron tanto tiempo en el forense», externó una amiga de Susana.

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Susana iba a ser enterrada como persona sin identificar por parte de la autoridades, sin importar que su hermana pudiera reclamar el cuerpo. Dieciséis colectivos lgbt+ que siguen el caso en busca de justicia externaron que:

«ni el IJCF ni el Ministerio Público que investiga su muerte fueron capaces de reunir las periciales y agotar los actos de investigación como es debido para dar con su identidad y regresar el cuerpo de Susana a su familia».

De acuerdo con cifras del Gobierno de Jalisco en lo que va administración se han inhumado a 579 personas.

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Además, las asociaciones subrayaron que el caso se ha llevado sin una perspectiva de género al tratarse de una mujer trans, por lo que exigieron que la Fiscalía aplique este enfoque diferenciado para el caso como un acción de mejoramiento de los procesos de impartición de justicia.

Asimismo, pidieron una participación más activa de la Comisión de Derechos Humanos, la Dirección de Diversidad Sexual del Estado de Jalisco, y la Coordinación Especializada Para la atención de Delitos por Diversidad sexual.